El Salvador aprueba la cadena perpetua: Bukele consolida la reforma constitucional más dura de su mandato

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó esta semana una reforma constitucional que permite la imposición de cadena perpetua para condenados por homicidio agravado, violación y terrorismo. La medida, impulsada por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, fue ratificada con los votos de la supermayoría oficialista en un proceso legislativo que ha generado intenso debate nacional e internacional.

El alcance de la reforma

La modificación al artículo 27 de la Constitución elimina la prohibición expresa de penas perpetuas que existía desde 1983. Anteriormente, la pena máxima en El Salvador era de 60 años de prisión. Ahora, los jueces podrán imponer cadena perpetua sin posibilidad de reducción para los delitos más graves tipificados en el código penal.

El presidente Bukele ha enmarcado esta reforma dentro de su estrategia de mano dura contra la criminalidad, la misma que desde 2022 ha mantenido bajo régimen de excepción a buena parte del territorio salvadoreño. Según cifras oficiales, más de 83,000 personas han sido detenidas bajo este régimen.

Reacciones encontradas

Organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado su preocupación, señalando que la medida podría vulnerar estándares internacionales sobre proporcionalidad de las penas. Por otro lado, encuestas internas muestran que más del 80% de la población salvadoreña apoya la medida, reflejando el hartazgo ciudadano ante décadas de violencia pandilleril.

Francia 24, DW y BBC han cubierto ampliamente la noticia, señalando que El Salvador se convierte en uno de los pocos países de América Latina en incorporar la cadena perpetua a nivel constitucional, junto con Argentina y Chile que la contemplan para ciertos delitos.

Nuestra Opinión

La aprobación de la cadena perpetua en El Salvador es la culminación lógica de la política de seguridad de Bukele, que ha gozado de un apoyo popular abrumador. Sin embargo, la medida plantea interrogantes serios. La eficacia disuasoria de las penas extremas está ampliamente debatida en la criminología moderna, y la historia latinoamericana muestra que el endurecimiento penal sin fortalecimiento institucional rara vez produce resultados sostenibles. El verdadero reto para El Salvador no es cuántos años puede imponer un juez, sino si su sistema judicial tiene la independencia y los recursos para aplicar justicia de manera equitativa. Sin esa garantía, la cadena perpetua corre el riesgo de convertirse en una herramienta más de control político que de justicia real.

Puntos Clave

• La Asamblea Legislativa ratificó la reforma al artículo 27 de la Constitución, eliminando la prohibición de penas perpetuas vigente desde 1983
• La cadena perpetua aplica para homicidio agravado, violación y terrorismo, sin posibilidad de reducción de pena
• Más del 80% de la población salvadoreña apoya la medida según encuestas recientes
• Organismos internacionales como la CIDH y Amnistía Internacional han cuestionado la proporcionalidad de la reforma
• El Salvador se suma a un grupo reducido de países latinoamericanos con cadena perpetua constitucional
• La medida forma parte de la estrategia de mano dura que ha resultado en más de 83,000 detenidos desde 2022