Reforma en El Salvador reabre el debate: ¿puede la ley antiterrorismo usarse contra las protestas sociales?

Mientras la atención mediática se concentra en la aprobación de la cadena perpetua, un debate paralelo y quizás más trascendente cobra fuerza en El Salvador: las implicaciones de la ampliación del concepto de terrorismo en el código penal y su posible uso para criminalizar la protesta social. Organizaciones de la sociedad civil, juristas y organismos internacionales han expresado una preocupación creciente.

La letra de la ley

Las reformas penales aprobadas en los últimos meses han expandido la definición de "actos terroristas" para incluir acciones que "alteren gravemente el orden público" o "generen terror en la población". Críticos señalan que esta redacción es lo suficientemente amplia como para abarcar manifestaciones, bloqueos de carreteras u otras formas de protesta que, aunque disruptivas, son expresiones legítimas del derecho a la libre manifestación.

El precedente más citado es el de 2023, cuando activistas medioambientales que protestaban contra un proyecto minero fueron brevemente detenidos bajo cargos de "alteración del orden público". Aunque los cargos fueron retirados, el episodio ilustró los riesgos de legislaciones ambiguas en manos de un ejecutivo con amplio poder.

Las voces del debate

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) ha publicado un análisis jurídico argumentando que las reformas necesitan cláusulas explícitas que protejan el derecho a la protesta pacífica. La Universidad Centroamericana (UCA) ha emitido un pronunciamiento similar. Por su parte, el gobierno ha descartado estas preocupaciones, afirmando que las reformas están dirigidas exclusivamente contra el crimen organizado y el pandillerismo.

En el plano internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha solicitado aclaraciones al gobierno salvadoreño sobre el alcance de las reformas y su compatibilidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Nuestra Opinión

Este es un debate que toda democracia debería tomarse en serio, independientemente de la intención declarada de quien legisla. La historia de América Latina está llena de ejemplos donde leyes diseñadas para combatir el terrorismo terminaron siendo usadas para silenciar a opositores, periodistas y activistas. El Salvador no es la excepción potencial. No se trata de cuestionar la necesidad de combatir al crimen organizado — nadie discute eso. Se trata de exigir que las herramientas legales sean precisas, no vagas; y que existan mecanismos de control judicial independientes que impidan su uso arbitrario. Una ley antiterrorismo que puede interpretarse para criminalizar una marcha pacífica no es una ley contra el terrorismo: es una ley contra la disidencia.

Puntos Clave

• Las reformas penales amplían la definición de terrorismo para incluir actos que "alteren gravemente el orden público"
• Organizaciones como FUSADES y la UCA advierten que la redacción podría criminalizar la protesta social
• En 2023, activistas medioambientales fueron brevemente detenidos bajo cargos similares, sentando un precedente preocupante
• El gobierno afirma que las reformas están dirigidas exclusivamente contra el crimen organizado
• La ONU ha solicitado aclaraciones sobre la compatibilidad de las reformas con el derecho internacional
• El debate se enmarca en el contexto más amplio de la concentración de poder del ejecutivo bajo el régimen de excepción